En el informe de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España del Ministerio de Sanidad:
Avanzando hacia la equidad Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las desigualdades Sociales en salud en España tras un importante proceso de revisión de evidencia, experiencias, opinión de expertos y consenso, presenta un total de 27 recomendaciones principales y 166 específicas, ordenadas por prioridad y divididas en 5 apartados, cada uno de los cuales tiene varias áreas.
III. Entornos favorecedores de la salud (entornos físicos acogedores y accesibles;
acceso a una vivienda digna; entornos favorecedores de hábitos saludables).
El informe recoge que "el crecimiento experimentado en la última década por el gasto de las familias
dedicado al pago de la vivienda, que ha superado de promedio el umbral del 30% que, según los expertos, no se puede considerar sostenible para la economía familiar.
Área 9. Acceso a una vivienda digna Recomendación principal. Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de políticas de alquiler a precios asequibles, de prestaciones económicas complementarias, de detección de situaciones de abuso, y de promoción de Vivienda de Protección Oficial con criterios que garanticen el acceso de la población con menos recursos.
Sin embargo, en España en la última década, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas por la espectacular subida del precio de la vivienda y el consiguiente endeudamiento y problemas económicos de las familias en el país con mayor proporción de familias con vivienda en propiedad en Europa.
Esta situación podría haberse traducido en un aumento de problemas de salud relacionados con la necesidad de alargar las jornadas laborales para afrontar las elevadas hipotecas o con la vulnerabilidad económica que fuerza a la población trabajadora a aceptar
duras condiciones de trabajo en un contexto de paro creciente. Otros efectos con potencial impacto en salud de los precios altos han sido también un aumento de la segregación socioeconómica y por origen entre barrios, y el retraso de la transición a la vida adulta entre los jóvenes, con consecuencias en su salud social entendida, entre otros, a través de indicadores como la decisión de vivir en pareja o de tener descendencia. Vivir para pagar una vivienda se ha convertido en la realidad material de muchas familias, amenazando la posibilidad de satisfacer otros derechos.
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